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Que puedo hacer si el padre no paga la pensión de alimentos?. Incidencia de la reforma del Código Penal.

El impago de las pensiones de alimentos.

Dando continuidad al análisis de la reforma del Código Penal, abordamos ahora el impago de la pensión de alimentos.

No cambia el Código Penal en referencia a esta cuestión base, el impago de las pensiones de alimentos sigue siendo considerado un delito de abandono de familia, así que vamos a dedicarle a este capítulo una reseña de algunos aspectos destacables del mismo, no sólo desde la órbita de lo penal sino también de circunstancias ajenas a esta pero relevantes en sentido estrictamente práctico.

El delito de impago de pensiones alimenticias viene establecido en el art. 227.1 CP, disponiendo que:

“El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”

Pero para que se produzca el acto delictivo, tal y como sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala de lo Penal, Sección 1ª, número 185 de fecha 13 de febrero de 2001, deben concurrir varios requisitos:

  1. a) En primer lugar que exista una resolución judicial firme (sentencia de divorcio, separación, nulidad matrimonial, filiación o alimentos) que fije y obligue a uno de los progenitores a abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos, que están a cargo del otro progenitor. Es el título judicial que sirve de acreditación ante dicho incumplimiento.
  2. b) En segundo lugar que haya una conducta omisiva, y que dicho incumplimiento se produzca durante dos meses consecutivos o cuatro alternos.
  3. c) Y en tercer lugar que a pesar del conocimiento de la obligación de pagar, exista voluntariedad por parte del deudor para ese incumplimiento, es decir, omisión dolosa del pago.

Cabe mencionar la Ley 7/2012 de 23 de noviembre Integral contra la Violencia sobre la Mujer aprobada en la Comunidad de Valencia que establece en su art. 3.4 como “violencia económica” el impago de las pensiones alimenticias y las considera como violencia de género.

Como se indica en el apartado c), el requisito de la intencionalidad en el obrar es el que mayor objeto de discusión conlleva, sobre todo en momentos de crisis como los que atravesamos.

Así es de común encontrar entre las razones para el impago de la pensión el “pago cuando puedo”, “tengo otra familia que mantener”, “no puedo pagar la pensión que se me ha fijado porque estoy en el paro”, entre otras razones.

En este sentido es más que relevante destacar que la carga de la prueba de estas alegaciones incumbe al acusado, y no al denunciante, puesto que la Jurisprudencia entiende que, si en su momento se ha fijado una sentencia dictando una obligación de pago basada en unas circunstancias existentes, las mismas no deben volver a probarse, y en cambio si deberá probarse la modificación de estas circunstancias por parte de quien las alega.

Si se puede probar estas modificaciones se altera la estructura de toda la secuencia, porque el sólo impago no es suficiente, como hemos dicho antes ha de haber voluntariedad en la omisión de pagar.

Y para dar una vuelta más al análisis de la cuestión, ahora priorizando la consideración de la situación económica del progenitor obligado al pago, se plantea la cuestión, es posible si se acredita la imposibilidad de pago suspender la obligación de prestar alimentos?, aunque es cuestión de intenso debate una fuerte parte de la opinión entiende que SI, y en este contexto, el Tribunal Supremo, ha fijado doctrina jurisprudencial al respecto a través de las Sentencias de 19 de enero de 2015 [JUR 2015/62689]; de 12 de febrero de 2015 [JUR 2015/66780] y de 2 de marzo de 2015 [JUR 2015/74106], manifestándose a favor de la suspensión del pago de la pensión de alimentos en aquellos casos de progenitores que se encuentran en situación de carencia de medios y recursos económicos. La Sala considera que “la obligación de prestar no es tan absoluta que obligue a su mantenimiento cuando consta acreditado que el progenitor a quien se reclaman carece de ingresos o estos son tan reducidos que no alcanzan a cubrir siquiera sus propias necesidades, que vienen siendo atendidas por sus familiares y/o amigos”, añadiendo que “esta carencia se convierte en una causa de fuerza mayor que impide incluso la fijación del denominado “mínimo vital”al convertirse en una prestación imposible. Sin embargo, esta solución judicial queda sometida a una serie de requisitos o condicionantes:

  • Carácter muy restringido y excepcional: Se tiene que tener SIEMPRE en cuenta que de los datos económicos obrantes en las actuaciones judiciales debe desprenderse y acreditarse una situación verdaderade insolvencia económica o pobreza absoluta por parte del progenitor alimentante cuyas necesidades han de ser, incluso, cubiertas por aquellas personas que por disposición legal deben hacerlo.
  • Carácter temporal: Ante la más mínima presunción de obtención de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, deberá de acudirse a la solución que se viene predicando por las Audiencias Provinciales como“normal”,es decir, a través de un procedimiento de modificación de medidas se tendrá que fijar una pensión de alimentos aunque sea mínima (“mínimo vital”), aunque el progenitor alimentante le suponga un gran esfuerzo.

MEDIDAS PALIATIVAS. EL FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS.

Otro elemento destacable, y a la vez desconocido por la gran mayoría, es la posibilidad en caso de impago de la pensión de alimentos, de acudir al FONDO DE GARANTIA DEL PAGO DE ALIMENTOS.

La dotación actual del mismo es de 100 € máximo por hijo y su período máximo de duración es de 18 meses continuos o discontinuos, y además habrá de estudiarse la compatibilidad o no con otra clase de ayudas, pero así y todo no deja de ser una posibilidad a la que acudir para solventar el momento.

La ayuda se establece para hijos menores y también para hijos mayores con discapacidad  igual o superior al 65%.

Es posible consultar la información completa en este enlace.

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